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Viernes 5 Junio, 2020  Edición Nº1677

Grave denuncia del Parlasur en Bolivia

Tras una visita oficial la semana pasada, una delegación de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlasur, el parlamento del Mercosur, denunció "32 víctimas fatales, 832 personas heridas y 1513 detenidas", desde el "golpe cívico-militar" que terminó con el gobierno de Evo Morales.

En un comunicado, la comisión también denunció «declaraciones, discursos y ataques de odio racial dirigidos a los pueblos indígenas del país, principalmente a sus mujeres y sus símbolos»; además, de «graves amenazas, ataques físicos y a las viviendas dirigidas a líderes, asambleístas y dirigentes sociales, funcionarios y funcionarias y dirigentes de instituciones independientes del Estado, y los organismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos».

Asimismo, se mostró preocupado por la decisión del gobierno de facto de Jeanine Áñez, de «no otorgar salvoconducto a dirigentes que se encuentran con asilo en embajadas» -como la mexicana- y por «la persecución a periodistas nacionales y extranjeros», como sucedió con varios equipos de televisión argentinos.

La delegación, compuesta por los legisladores Cecilia Merchán, de Argentina; Ricardo Canese, de Paraguay; Carlos Reutor, de Uruguay; y Fernanda Melchionna, de Brasil; y el secretario de Relaciones Internacionales del parlamento regional, Luis Seara, estuvo en Bolivia el jueves y viernes pasado y se reunió con «todos los sectores políticos legítimamente constituidos en la Asamblea Legislativa, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y las víctimas y familiares de víctimas de la represión.»

Hoy, en su página web, difundió un resumen de las violaciones a los derechos humanos que pudieron confirmar y una serie de propuestas para reencauzar el proceso constitucional en el país andino.

La delegación llamó a un «avance en el diálogo representativo de todos los actores políticos y sociales democráticos del Estado Plurinacional de Bolivia» y «del cronograma electoral alcanzado por acuerdo de los bloques de la Asamblea Legislativa».

También pidió «la debida reparación a las víctimas y la promoción de justicia a sus familiares», «la garantía de defensa y debido proceso a las personas que continúan en prisión luego de las manifestaciones», «salvoconductos a asilados que así lo solicitan», «juicio y castigo a los grupos de odio e intolerancia que operaron como paramilitares», y «Una ley de garantías constitucionales que permita la reparación de la violación a los derechos y ningún tipo de persecución a ciudadanos y ciudadanas por ninguna razón política ni de identidad».

El comunicado hizo especial hincapié en exigir «la no participación de las fuerzas militares para reprimir las protestas sociales y políticas» y «el cese inmediato a la represión social, a la persecución y a los actos discriminatorios sobre los pueblos originarios», como condición necesaria para «un verdadero diálogo nacional».

Finalmente, propuso «la conformación de una comisión formada por distintos organismos regionales e internacionales que acompañen el proceso de restitución de todos los mecanismos constitucionales».