miércoles 22 de enero de 2020 - Edición Nº1558
ExtraData » DEBATES » 10 oct 2019

#Educación

Qué proyecto educativo debemos poner en marcha

Argentina requiere un proyecto educativo que no solo cumpla con las expectativas históricas, sino también que contribuya al sistema productivo de país que necesitamos. Es una necesidad imperiosa sacar al país de la postración en la que se encuentra.


Por: * Prof. Mario Osvaldo Garberoglio // @MarioGarberoglio83

Recientemente el Indec informó que el 50% de la población de niñas, niños y adolescentes se encuentra en situación de pobreza y que el 68% de jóvenes entre 18 y 24 no tienen trabajo. Es por esto que debemos trabajar para recomponer la tarea social utilizando todos los mecanismos estatales a nuestro alcance.

El nuevo proyecto educativo debe contemplar la implementación de políticas sociales que aseguren los derechos económicos, sociales y culturales que establece nuestra Constitución. Un proyecto que tenga la capacidad de incorporar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo formal, y transformar al país en uno capaz de competir en el mercado global.

Para lograrlo, debemos proveer una diversidad de instancias de formación que permita contar con educación a lo largo de toda la vida. Porque lamentablemente la educación también se devalúa. En épocas no muy lejanas, acceder a la universidad era de unos pocos y hoy ya no alcanza. Hace falta un posgrado, un máster e incluso un doctorado. Pero también tenemos otras situaciones que abordar, como lo es la de los trabajadores que, con muchos años de experiencia en un oficio, necesitan acreditar sus saberes y capacidades mediante el sistema educativo formal. Si logramos esta diversidad educativa estaríamos cumpliendo también con la tarea de brindar inclusión y calidad de vida.

Una educación es de calidad cuando es para todos los niveles educativos y todas sus modalidades, para todos los sectores sociales y grupos etarios, para todos los grupos étnicos y culturales, y para todos aquellos que quieran continuar capacitándose.

El Estado debe ser garante del derecho de enseñar y aprender, algo que parece tan simple en nuestro país torna muy complicado cuando además hay que adaptarse a los cambios vertiginosos que sufre nuestra sociedad. Hacer frente a los desarrollos científico-tecnológicos en el contexto actual es mucho más desafío. Lo urgente se contrapone a lo estratégico, las necesidades inmediatas chocan con los planes de mediano y largo plazo. El proyecto educativo que debemos construir debe tener en cuenta todo esto y por eso requiere de políticas educativas claras que puedan interactuar con las particularidades del contexto que lo exceden y condicionan.

Nuestras aulas deben ser lugares de inclusión e integración, donde se erradique la segregación social. Deben llevar adelante el trabajo pedagógico de relacionar a los alumnos con los conocimientos más actuales, utilizando las herramientas y metodologías más modernas. Se deben abordar las cuestiones de género y la educación sexual integral. Se debe trabajar sobre los conocimientos artísticos y saberes digitales. El esfuerzo de los docentes y directivos de las instituciones educativas que lleva adelante todas estas cuestiones se basa en la confianza y el trabajo en equipo. Son nuestros docentes los artífices de este proceso y pueden llevarlo a cabo gracias a su compromiso diario y el ejercicio responsable de su tarea pedagógica. La importancia que adquiere la tarea pedagógica requiere entonces de un fortalecimiento de los Institutos de Formación Docente y de las Universidades, donde deben acordarse lineamientos comunes.

Este proyecto educativo que debemos construir se debe llevar a cabo en todas las provincias del país sin desentenderse de las desigualdades regionales y provinciales que afectan la educación. Se deben acordar líneas comunes a las políticas educativas de la nación sin perder de vista las realidades y expectativas de cada provincia. Debemos convertir a la educación en un proyecto común orientado a los principios de responsabilidad y solidaridad.

Las familias de nuestros estudiantes han sufrido en los últimos años un deterioro económico que las han llevado a vivir situaciones de des-inclusión donde también se vieron afectadas las trayectorias educativas. Por estos motivos debemos abrir las puertas de las instituciones educativas generando espacios donde puedan ser escuchadas y atendidas. Debemos ser proactivos en lo que refiere a la terminalidad acompañando a las familias para que los adolescentes no abandonen sus estudios.

La justicia social requiere inclusión e integración. Y para que esto sea posible se requieren intervenciones en todos los aspectos:

  • infraestructura, con supervisión de condiciones edilicias y de funcionamiento;
  • provisión de libros y materiales escolares;
  • provisión de desayunos, almuerzos y meriendas reforzados;
  • políticas docentes que tengan en cuenta aspectos salariales y capacitación continua; y
  • condiciones pedagógicas que hagan posible la construcción del conocimiento.

Todo esto debe ir acompañado de un monitoreo continuo de la calidad educativa que debe realizarse de manera sistemática con el objetivo de identificar y superar déficits que en el proceso de enseñanza y aprendizaje terminan traduciéndose en tasas de repitencia y abandono. Este monitoreo nos va a ayudar a entender por qué hacemos las cosas de la manera que las hacemos, a corregir lo que hacemos mal y a fortalecer lo que hacemos bien.

El nuevo gobierno hereda una situación llena de urgencias que deberá atender de forma prioritaria. Será un gran desafío llevar a cabo el nuevo proyecto educativo, tan urgente y necesario como todo lo demás. Pero con el compromiso de todos se puede lograr.

Prof. Mario Osvaldo Garberoglio

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