martes 21 de mayo de 2019 - Edición Nº1312
ExtraData » ENTREVISTAS » 28 ene 2019

Rus: “Arsat está en el freezer”

Entrevista al ex director y vicepresidente de la empresa estatal de telecomunicaciones. Diagnóstico crítico, freno al desarrollo y decreto a pedir del sector privado.


Por: * Carlos Romero (@soycarlosromero) // revistazoom.com.ar

La compañía estatal Arsat, que hacia fines de 2015 había logrado poner en órbita dos satélites de comunicaciones fabricados por la Argentina y desplegar una red de fibra óptica y una plataforma de televisión digital con llegada a todo el país, se volvió un recurso sin mayor interés bajo el gobierno de Mauricio Macri, que ahora incluso se propone privatizar parte de sus operaciones, como ya lo intentó en el pasado. “La empresa entró en el congelador”, resumió el ingeniero electrónico Guillermo Rus, que entre 2012 y 2015 fue director y vicepresidente de Arsat.

Nacida en 2006 con tres objetivos claros: soberanía sobre las telecomunicaciones, inclusión digital y desarrollo tecnológico, la operadora satelital nacional nunca encajó en los planes de Cambiemos. Para Rus, eso explica el reciente DNU con el cual el Poder Ejecutivo modificó la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital 27.078 y le quitó a Arsat un espectro preferencial de comunicaciones móviles, que así podrá ser subastado por el Enacom entre Claro, Telefónica y Telecom. “Están sacándole potenciales recursos, que ellos no quisieron utilizar, pero que tampoco quieren que otros utilicen en el futuro, tratando de transferirlos al sector privado”, sostuvo Rus, que en la actualidad dirige la revista digital especializada Latam Satelital y que en 2017 publicó el libro Arsat en la encrucijada.

-Para el kirchnerismo, Arsat era un logro a mostrar. ¿Qué pasó con el macrismo?

-Para responder, es importante saber dónde estábamos parados, tomando los tres proyectos principales de Arsat. En el caso de los satélites, ya estaba hecha la inversión y estaban funcionando, con las dos posiciones orbitales protegidas, y se brindaban servicios desde ahí. El desafío era completar la comercialización. Además, Arsat-2 ocupaba una posición que no estaba siendo previamente explotada, como sí pasaba con Arsat-1, donde se cambió un satélite alquilado por un propio pero los clientes ya estaban. Incluso, había un plan para la empresa aprobado por ley. En cuanto a la plataforma de televisión digital, estaba operativa. Si bien todavía quedaba un remanente de expansión, o sea, poner más torres, ya funcionaba, y donde no estaba la televisión terrestre estaba la satelital. La cobertura de televisión abierta estaba en todo el país. Había también muchos desafíos, en migrar gente de lo analógico a lo digital, desplegar los receptores para que más gente accediera al servicio, y había muchos radiodifusores que todavía no estaban en la plataforma de Arsat. Había que subirlos, venderles ese servicio. Había mucho para trabajar. Y en la red de fibra óptica, de los 36 mil kilómetros construidos en todo el país, tenía unos 12 mil en operaciones, sobre los que ya se vendían servicios. Ahí faltaba una parte importante de inversión para completar los otros 24 mil kilómetros. Mucho desafío operativo y comercial.

-¿Y qué ocurrió con todo esto bajo la nueva gestión?

-Lo que pasó a partir de diciembre de 2015, básicamente, es que la empresa entró en el congelador. En el proyecto satelital, la ampliación de la flota, que estaba estipulada por ley, se frenó. A Arsat-3 se lo cuestionó, primero se dijo que no hacía falta, después, que estaba mal diseñado, que no estaba vendido Arsat-2… Una serie de excusas. Pasó el tiempo y no se hizo nada. En la plataforma de televisión digital, se suspendió lo que estaba en despliegue. Se siguieron operando las estaciones que ya estaban, pero se cortó el crecimiento. En tres años no hubo más nada. Lo mismo pasó con la búsqueda de generar una audiencia digital sobre la analógica. Dejaron de venderse los kits y de ofrecerse las políticas sociales de inclusión, que entregaban esos kits a la población más vulnerable. La red de fibra no se suspendió, se continuó la puesta en servicio. Tuvo demoras, nosotros también habíamos tenido muchas demoras, pero ese proyecto se continuó.

-¿Qué impacto tuvo este parate sobre la empresa?

-El panorama se congela, porque no se degrada, en el sentido de que no se bajó un satélite o se bajaron estaciones. Todo se mantuvo pero “freezado”. No apareció ninguna idea nueva, ningún proyecto ni variaciones de lo que había. En 2017 sí hubo una noticia importante, cuando se intentó privatizar Arsat-3, que está diseñado para dar banda ancha satelital, una tendencia moderna que permite llevar ese servicio a lugares donde no lo hay. Se buscó, mediante un acuerdo con una compañía norteamericana, crear una nueva empresa de la cual Arsat iba a tener el 49% y la extranjera el 51%. Esa empresa mixta, controlada por la norteamericana, iba a fabricar Arsat-3. Eso chocaba con la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, sancionada en 2015 y que aprobó el plan de Arsat. Ahí se estipula que una modificación del patrimonio o de su estructura tiene que pasar por el Congreso. Lo estaban haciendo representantes de las dos compañías. Eso se cuestionó y el plan no prosperó.

-En alguna oportunidad, usted sostuvo que Arsat es algo “incómodo” para Cambiemos. ¿En qué sentido?

-Lo incómodo está en que no saben cómo manejarlo, no es claro. En otro momento, por ahí había una empresa que apetecía esa infraestructura, hoy no se da, porque Arsat está pensada para complementar al privado. Para un privado, no es algo que le resulte atractivo. Pensemos que su estatuto dice que tiene que ocupar las posiciones orbitales con satélites fabricados en la Argentina. Un satélite de Invap no es tan eficiente como uno fabricado en Estados Unidos o Europa, ellos ya fabricaron cientos e Invap va por sus dos primeros. Es el rol de una empresa del Estado, claramente. Lo mismo que la red de fibra óptica. Telefónica tiene, Telecom tiene, y donde llega la de Arsat y no llega la de ellos, es en los lugares donde no es rentable. Al mismo tiempo, ¿qué puede hacer el macrismo? ¿Cerrar la empresa? ¿Dejar de dar servicio? Sería muy drástico.

-En este escenario, ¿qué significa el DNU sobre la franja de 4G?

-Afecta a un espectro de comunicaciones móviles asignado a Arsat, una reserva preferencial para un determinado bloque. En 2014, cuando se hizo la licitación del 4G, pensando en que Telefónica, Claro y Telecom hicieran un update de sus redes y también brindaran ese servicio, se buscó el surgimiento de un cuarto operador para que hubiera más competencia. Es decir, había tres operadores y se licitaron cuatro bloques de frecuencia. Para el cuarto operador, que fue una licitación internacional, se presentó Arlink, una empresa del grupo Vila-Manzano. Por un espectro de poco más de 50 megahertz, ofertó 506 millones de dólares. El problema vino después, porque no pudo afrontar ese pago y entonces se le retiró la adjudicación. Como había sido la única empresa que se presentó, el espectro volvió a manos del Estado y se buscó una alternativa distinta: reservárselo a Arsat, con un cometido muy claro, que está en el artículo 11 de la ley, que no es competir con los privados, sino desplegar distintos proyectos utilizando ese espectro de conectividad, principalmente, atendiendo las necesidades de comunicación de la seguridad y la defensa, y la inclusión digital en asociación con empresas pymes y cooperativas del interior del país y las empresas públicas provinciales de telecomunicaciones. Se buscó poner los servicios donde está desatendido por el mercado o hay necesidades gubernamentales. La ley se sancionó en noviembre de 2015, nosotros tuvimos muy poco tiempo para hacer algo. Ahora, el macrismo tuvo tres años para ver qué hacía y no hizo nada porque Arsat está en el freezer.

-En el DNU, el gobierno habla de una necesidad urgente de liberar ese espectro de la preferencia estatal.

-Dice que es un bien muy requerido y que no puede estar sin usarse. Bueno, si está así es porque no hicieron nada de algo que estipulaba una ley, no un programa gubernamental. Arsat es una política de Estado, fue creada por ley. En esto no cumplieron. Por otra parte, ¿hay una necesidad actual de las empresas de comunicación móvil?, ¿esto no funciona si no les asigna mañana más espectro? En la licitación de 2014, duplicaron el espectro que tenían: pasaron de alrededor de 50 a 100 megahertz. En 2016, volvieron a aumentar un 50%. En cinco años triplicaron el espectro. Cuando lo amplían, también contraen obligaciones: con la de 4G, tienen que llegar en el plazo de 5 años, que se están cumpliendo ahora, a todas las localidades de más de 500 habitantes. ¿Eso está pasando? No, incluso por el informe de la propia Enacom, todavía hay un desafío de despliegue e inversión muy fuerte en todo el país. En todo caso, puede haber una necesidad de más espectro en lugares densamente poblados, como la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires y Rosario, y eso no necesariamente se soluciona con más espectro. Hay distintas estrategias para mejorar la cobertura.

-Entonces, ¿cuál piensa que es el objetivo posible?

-Creo que están sacándole potenciales recursos a Arsat, que ellos no quisieron utilizar, pero que tampoco quieren que otros utilicen en el futuro, tratando de transferirlos al sector privado y evitar, eventualmente, algún tipo de proyecto que encuentren peligroso.

¿Sería una medida precautoria de los privados antes que una política pública?

-Como pasó en otros ámbitos. Si nos remitimos a las telecomunicaciones, las normativas y resoluciones que sacó el macrismo, en general, respondieron a demandas puntuales del sector privado y no a una planificación de todos los actores. Alguien pedía algo con la suficiente fuerza y se lo daban. Pero hay que ver si el DNU se concreta, porque entiendo que el decreto tiene un par de patas flojas para que sea aprobado y tiene que pasar por una Bicameral del Congreso.

-¿Cuáles son esas objeciones?

-Esta misma iniciativa de sacar el espectro de Arsat estaba incluida en el proyecto que se llamó “ley corta”. Su nombre formal era Ley de Fomento de despliegue de infraestructura y competencia TIC, y lo presentó el año pasado el entonces Ministerio de Modernización. Buscaba, principalmente, habilitar a Telefónica y a Claro para brindar televisión satelital. Entre otras cosas, incluía eliminar la reserva de espectro a favor de Arsat. Tuvo media sanción en el Senado y se trabó en Diputados, porque el Senado introdujo una modificación: si bien las autorizaba a brindar televisión satelital, era recién a partir de 2021 y 2022. Las empresas perdieron interés en el proyecto. Se trató en la Comisión de Comunicación e Informática de Diputados en la segunda mitad del año pasado y no fue llevado al recinto ni tuvo dictamen. El propio oficialismo bajó el proyecto, dejó de impulsarlo. Entonces, ¿hay urgencia de sacar un decreto? La Bicameral, justamente, lo que analiza es la constitucionalidad del DNU y estando el proyecto en Diputados, con media sanción del Senado, sería difícil que lo valide.

* Periodista. Twiter: @soycarlosromero 

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