domingo 23 de septiembre de 2018 - Edición Nº1072
ExtraData » DEBATES » 26 jun 2018

Un memorándum para el ajuste

Los autores desmenuzan los impactos del acuerdo con el FMI. Mayor aumento de tarifas, recortes en servicios esenciales, reducción de obra pública y tensión con las provincias: el menú explosivo que esconde la letra chica del pacto.


Por: Alejandra Fernández, Hernán Letcher, Juan Cruz Lucero y Julia Strada

“Tenemos que reducir el déficit fiscal: estamos gastando como Estado más de lo que tenemos, es una carga para la sociedad y genera vulnerabilidad. Ya bajamos 4 puntos (del PBI) el gasto público, ahora tenemos que acelerar y lo tenemos que hacer entre todos.” Mauricio Macri, 16-5-18

Desde el mes de marzo de este año el Gobierno confirmó aquello que se venía señalando desde diversas usinas económicas: la falta de sustentabilidad de su modelo económico. La imposibilidad de acceder a nuevas colocaciones de deuda luego de la gran colocación cercana a los 9.000 millones de dólares de comienzos de año (enero 2018), junto con la posterior corrida cambiaria,aceleraron el retorno (“preventivo” en palabras del Ministro de Hacienda) a los programas de financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como sostuvimos en el reciente documento “Tocando Fondo”, el gobierno recurrió al organismo apelando a su carácter de prestamista de última instancia, procurando brindar señales y gestualidades hacia “los mercados” que calmaran la ansiedad tendiente al desarme de posiciones y posterior fuga.

El jueves 7 de junio la Argentina y el FMI acordaron un programa stand-by con una duración de 36 meses por unos U$S 50.000 millones, con el objetivo de trazar un puente financiero para llegar al año 2019 con cierta estabilidad económica. Las precisiones del acuerdo se publicaron en el documento Memorándum de Políticas Económicas y Financieras el 12 de junio (publicado sugestivamente dos días más tarde en plena sesión de Congreso e inicio del Mundial de Fútbol, el 14 de junio), donde se detallan las metas de reducción de déficit fiscal y objetivos de política monetaria, “ablandados” por un apartado destinado a la “protección a los más vulnerables” y otro referido a la “equidad de género”, con menor nivel de detalle que los dos primeros ejes.

En sentido contrario: reducir ingresos para bajar el déficit

El camino elegido por el Gobierno para la reducción del déficit paradójicamente tiene el efecto contrario: lo incrementa. Es la aplicación del típico recetario neoclásico que postula la necesaria baja de la “presión fiscal” como mecanismo de incentivos al capital para la inversión. Se descarta, como se vio en el breve debate en torno a la posible restitución de retenciones al trigo y maíz y freno a la rebaja de la soja, la reducción del déficit a través de la suba de ingresos, sobre todo en el marco de impuestos progresivos.

A continuación, se efectúa un pequeño repaso respecto de los ingresos del Estado para comprender el panorama actual. Como puede verse en el cuadro N°1, los ingresos tributarios representan más del 90% del total de los ingresos y se componen de impuestos, contribuciones a la seguridad social y derechos sobre el comercio exterior.

De los impuestos, que representan casi el 70% de los ingresos tributarios, el más importante es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que depende directamente del nivel de actividad económica, al igual que el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es de suponer que a partir de la conjunción de tasas de interés en el orden del 40% (la tasa de política monetaria fue fijada el martes 12 de junio en ese guarismo), recortes del gasto público, caída de los salarios reales -con el consecuente impacto sobre el consumo- y el magro aporte del sector externo, la actividad económica se verá resentida, lo que implicaría un menor aporte de estos tributos.

En lo referido a aportes y contribuciones a la Seguridad Social, la propuesta del Gobierno, aprobada por la cúpula cegetista, fue establecer un mínimo no imponible – MNI- de $12.000 por trabajador por mes, que además irá aumentando al ritmo del índice de precios minoristas IPC INDEC desde 2019 (con la variación de octubre contra octubre de los años previos). La reforma establece que en 2018 se aplica el 20% del MNI, 40% en 2019, 60% en 2020, 80% en 2021, para llegar a la aplicación plena en 2022. Si bien también se propone la reducción progresiva de las alícuotas de la actividad de servicios (hoy en 21%) y el incremento progresivo del resto de las actividades (hoy en 17%), convergiendo el conjunto de actividades en 19,5%, el punto central del recorte reside en la aplicación de una porción del salario sin contribuciones.

Actualmente las contribuciones representan aproximadamente $430.000 millones al año (para 2018), por lo que, según estimaciones de CEPA, la reducción para el año 2019 significaría $71.660.000.4.

Los derechos al comercio exterior que incluyen retenciones a las exportaciones, derechos de importación y tasa de estadística explican el 1,4% del PBI. En el caso de los Derechos de Exportación, el impacto a valores de 2018 de la reducción implementada en diciembre 2015 alcanza los $62.956 (entre maíz, trigo, y soja). Con el maíz se perdieron $19.069 millones en un año; con el trigo, aproximadamente $15.052 millones; y en el caso de la soja, la reducción de la alícuota de 35% al 30% alcanza unos $19.425 millones, a los que hay que adicionar $10.008 millones como resultado de la reducción de 0,5 puntos por mes aplicada desde enero de 2018. El decreto de esta última reducción establece que la misma se aplicará hasta diciembre de 2019, por lo que la tendencia de la recaudación por Derechos de Exportación es a la baja. A esto es necesario adicional la eliminación en lo referido a exportaciones industriales y a la minería, aunque tienen menor peso.

En lo referido al Impuesto a las Ganancias hay que mencionar que la reforma impositiva aprobada en diciembre 2017 estableció que se aplique una reducción de la alícuota del impuesto para las ganancias no distribuidas por las empresas, del actual 35% al 30% en 2018, al igual que en 2019, siendo del 25% desde 20205. La estimación realizada por CEPA indica que esto implica una reducción de al menos 21 mil millones de pesos. El texto del actual Memorándum de Políticas Económicas y Financieras que el Gobierno envió al FMI el 12 de junio, y trascendió el 14 del mismo mes, indica expresamente que “Continuaremos trabajando en racionalizar el gasto impositivo en el impuesto a las ganancias corporativas”.

En lo referido al Impuesto a los Bienes Personales, la reducción de las alícuotas como la eximición de pago de los contribuyentes que ratificaron su DDJJ de los últimos dos años (“contribuyentes cumplidores”) y el aumento del mínimo no imponible tienen un efecto negativo sobre la recaudación. Vale recordar que se decidió reducir progresivamente la alícuota de tributación del impuesto (en 2019 será sólo 0,25%). A esto debe adicionarse la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Es posible estimar esta merma en aproximadamente $20 mil millones.

En este escenario, y como resultado de las políticas mencionadas, es esperable por el lado de los ingresos un aumento del déficit, fenómeno que precisamente se ubica a contramano del mentado objetivo que busca achicarlo. La alternativa restante es sólo una: efectuar reducciones de partidas del gasto que permitan sobre-compensar la caída de ingresos para también contribuir al déficit “cero” en 2020.

2018: ensayando el ajuste

Lo primero que vale aclarar es que el Presupuesto votado por el Congreso tiene escasa validez por lo menos por 3 razones: primero porque a la semana se votó la reforma previsional que ajustó el gasto en Prestaciones Sociales, especialmente Jubilaciones, Pensiones AUH y Asignaciones Familiares. La modificación de la fórmula estimaba un ahorro de $100 mil millones.

En segundo lugar, las variables del presupuesto votado en octubre 2017 asociadas al dólar y la inflación dejaron de tener validez en el segundo trimestre de 2018, ya que se preveía un dólar promedio de $19,3 y una inflación promedio de 15,7%. A fin de mayo el dólar superaba los $25 (el 14 de junio la cotización sobrepasaba $28) y la inflación esperada – avalada por el propio Memorándum entre Argentina y el FMI- llegaba al 27% a fin de año. Lo mismo ocurrió con la evaluación del déficit comercial, cuya estimación fue mal proyectada para el año 2017, habiendo presupuestado US$ -4.500 millones y terminando en la cifra récord prácticamente del doble: US$ 8.471 millones. Lo mismo ocurrirá en el corriente año donde se proyectaron US$ -5.600millones para todo el 2018 y a marzo el déficit acumulado alcanza los US$ -2.483 millones según datos del INDEC.

Por su parte, la meta del déficit fiscal del Presupuesto original de 2018 era del 3,2% del PBI, lo que significaba un déficit primario de $-395.612 millones y financiero de $-681.803 millones. La nueva meta -autoimpuesta y anunciada el 4 de mayo como gesto a los mercados- fue del 2,7%. Este nuevo porcentaje implicaría que en 2018 el resultado fiscal primario debería mejorar en $61.800 millones, con lo que el déficit primario debería ser de $333.812 y el financiero quedaría en un rojo de $620.000 millones.

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