jueves 23 de noviembre de 2017 - Edición Nº768
ExtraData » POLITICA » 27 sep 2017

Indagan al "Pata" Medina mientras Vidal apunta a terminar con "las mafias"

El secretario general de la Uocra seccional La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, permanecía este mediodía en la sede del juzgado federal de Quilmes. Será indagado por el juez Luis Armella, tras ser detenido anoche en la localidad bonaerense de Punta Lara. Por su parte la gobernadora de Buenos Aires indicó: "No hay más lugar para las mafias".


Esposado, con chaleco antibalas y un casco, "Pata" Medina ingresó cerca a las 10 a la sede del juzgado, en pleno centro de la localidad de Quilmes, adonde llegó a bordo de un móvil de Gendarmería en el marco de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó el corte de las calles aledañas. 

Allí, fue convocado por el juez Armella para indagarlo en la causa en la que se lo investiga por extorsión y lavado de activos, entre otros delitos.
Una de las causas que investiga el juez Armella fue impulsada en agosto de este año por la fiscal Silvia Ruth Cavallo, que acusó por lavado de activos a Medina, secretario general de la delegación La Plata de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y varios familiares y allegados.

La investigación de la Fiscalía Federal de Quilmes imputó por el mismo delito a María Fabiola García, pareja de Medina; Juan Horacio Homs y Liliana Beatriz Frontán, presidente y directora, respectivamente, de la firma Abril Catering S.A. y Gabriela Betsabe Masselos, esposa de Homs, según consignó hoy a través de su página web de la Procuración. 

En otro expediente, la fiscal investiga a directivos de la empresa Coninsa S.A. y a autoridades de las seccionales Quilmes y La Plata de la Uocra por supuesta extorsión para obtener precios extraordinarios en obras de construcción de andenes en la estación Pereyra del ferrocarril Roca. 

 

La primera de estas causas se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en julio de este año en el Juzgado Federal de Quilmes, según la cual Homs y Frontán incrementaron "desproporcionalmente su patrimonio en los últimos años" mediante actividades de intermediación financiera, compra y descuento de cheques, por unos veinticuatro millones de pesos, "utilizando para ello la empresa denominada Abril Catering S.A.", señaló el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.

La denuncia aseveraba además que Homs y Frontán canalizaron "dinero ilícito proveniente de sus actividades financieras y de maniobras extorsivas llevadas a cabo por Juan Pablo Medina (…) a empresas constructoras".

También sostenía que la firma Abril Catering S.A. "sería titular de al menos 40 vehículos" de alta gama, camiones utilitarios, una aeronave y un barco, todo lo cual "no se condicen con el giro de negocios declarados por la sociedad".

Tras consultar bases de datos e informes que requirió a diversas reparticiones gubernamentales, la fiscal Cavallo sostuvo que, de esa primera aproximación, "se desprende la existencia real de las personas físicas y jurídicas denunciadas, su situación financiera y la titularidad de 39 vehículos, todo lo cual da sustento a los hechos denunciados".

En consecuencia, imputó a Homs, Frontán y Masselos por realizar "actividades de intermediación financiera sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente" y por poner circulación en el mercado "bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran apariencia de origen lícito".

En el mismo dictamen, la fiscal consignó que "no podrían ser ajenos a las maniobras denunciadas el delegado de La Plata de la Uocra Juan Pablo Medina y su esposa María Fabiola García".

Por otra parte, la Fiscalía Federal de Quilmes investiga a los directivos de la empresa Coninsa S.A. y a los principales responsables de las seccionales Quilmes y La Plata de la Uocra.

Esta pesquisa tuvo origen en una audiencia por una acción de amparo colectivo interpuesta por vecinos de la localidad bonaerense de Hudson, en la que fueron denunciados diversos hechos ilícitos cometidos en relación con la contratada construcción de nuevos andenes en la estación Pereyra del ferrocarril Roca.

Los representantes del Estado nacional manifestaron que las citadas obras "se encontraban paralizadas a resultas de un conflicto gremial entre dos sedes de la Uocra -Quilmes y La Plata- que se disputaban los trabajos para los cuales fue contratada la empresa constructora Coninsa S.A.".

En la causa, también se consignó que esta empresa hizo una denuncia penal por un tiroteo entre facciones pertenecientes a esas dos seccionales de la Uocra, "que luego acordaron realizar las obras", aunque con un "incremento de los costos previstos para la instalación de los andenes", no previsto en la contratación.

A raíz de esta última información, el pasado 6 de septiembre la fiscal Cavallo consideró que debía investigarse el delito de extorsión por "las indebidas exigencias dinerarias reclamadas al Estado nacional -Ministerio de Transporte- por parte de las sedes Quilmes y La Plata de la Uocra y eventualmente por la empresa constructora Coninsa S.A.", encargada de la construcción de los andenes de la estación Pereyra.

Sobre la base de las pruebas colectadas en ambas investigaciones, la fiscal Cavallo le solicitó al juez Armella que ordenase la detención de los imputados a fin de indagarlos por los hechos que se les imputan.

Vidal: "No hay más lugar para las mafias" 

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que en Argentina y la provincia de Buenos Aires "no hay más lugar para las mafias", al referirse a la detención del titular de la seccional platense de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina. 

"Como dijo el presidente Mauricio Macri: en esta nueva Argentina y en esta provincia, no hay más lugar para las mafias", dijo la una conferencia de prensa que luego de visitar el Instituto de Formación Policial Juan Vucetich, en el municipio bonaerense de Berazategui. 

En Berazategui, la gobernadora dialogó con agentes del Grupo Halcón junto al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo; al candidato a diputado nacional Guillermo Montenegro, y a la postulante a diputada provincial Carolina Píparo. 

En ese marco, al ser consultada por la prensa acerca de la detención del dirigente de la Uocra, que se concretó anoche tras una jornada de tensión en la que Medina permaneció atrincherado en la sede sindical, la mandataria provincial destacó "el trabajo de la Justicia” y sostuvo que, “en esta nueva Argentina y en esta nueva provincia no hay más lugar para la extorsión, el apriete y las mafias”.

“Los argentinos empezamos a sentir que el Estado no es más cómplice, no mira para otro lado. La Justicia avanza y lo que pasó ayer es un símbolo de eso”, reflexionó y añadió que “hoy muchos bonaerenses y platenses se despertaron más aliviados porque la amenaza, el apriete y la extorsión no son el camino y no vamos a convivir con eso”. 

“Esto no empezó ayer, hace tiempo que empezamos con esto, cuando combatimos el delito dentro de las fuerzas de seguridad, cuando entramos a barrios peleando con narco, cuando vemos situaciones como las de La Salada”, dijo.

Recordó que la semana pasada, durante una visita a la ciudad de Bahía Blanca, había cuestionado al secretario general de la UOCRA, José Burgos, por "obligar a los contratistas a contratar proveedores de comida, transporte y equipamiento" y, en ese sentido, planteó que “no creo que ese proceder sea generalizado, hay sindicalistas comprometidos con los derechos de los trabajadores y con ellos tenemos que trabajar”. 

Vidal aseguró que el “mensaje claro” que el Gobierno "dio desde el primer día” es que “no seríamos cómplices”, por ello “nunca validamos los acuerdos que Medina imponía con los contratistas del Estado”. Sostuvo que “hoy los jueces saben que pueden hacer estas investigaciones y que tienen la información y el auxilio de parte del Gobierno que necesitan”.

Sostuvo que en anteriores administraciones “de mínima, había complicidad e indiferencia”. Consultada sobre una posible intervención del gremio, respondió que “eso lo tienen que definir el juez y el Ministerio de Trabajo”, pero estimó que, mientras tanto, “tiene que haber un veedor para preservar los derechos de los trabajadores”.

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